Plan Cóndor
Una asociación ilícita para la desaparición forzada de personas
Coordinación represiva
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El Plan Cóndor fue un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década del setenta hasta iniciados los años ochenta para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña.
Su acta de fundación está fechada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, durante la clausura de la Primera Reunión de Inteligencia Nacional, y lleva las firmas de los representantes de Inteligencia de la Argentina (Jorge Casas, capitán de navío, SIDE), Bolivia (Carlos Mena, mayor del Ejército), Chile (Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA), Uruguay (José Fons, coronel del Ejército) y Paraguay (Benito Guanes Serrano, coronel del Ejército).
En el Archivo del Terror de Paraguay se encontró una copia de la invitación formal que la Dirección de Inteligencia Nacional chilena, la DINA, envió el 29 de octubre de ese año al Jefe de Policía de la República de Paraguay, General de División Francisco Brites, “para promover la coordinación y establecer algo similar a lo que tiene Interpol en París, pero dedicado a la subversión”.
El documento firmado en Santiago de Chile brindó cobertura institucional a muchas de las actividades, relaciones y prácticas de inteligencia y represivas que este conjunto de países latinoamericanos ya desarrollaban de modo bilateral. En el texto quedó documentado el comienzo de la cooperación formalizada entre las agencias de inteligencia del Cono Sur: “se dan por iniciados a partir de esta fecha los contactos bilaterales o multilaterales a voluntad de los respectivos países aquí participantes para el intercambio de información subversiva, abriendo propios o nuevos carteles de antecedentes de los respectivos servicios”. Si bien ningún representante de Brasil firmó ese acuerdo inaugural, se comprobó la cooperación de ese país para actividades represivas contra opositores políticos de los países miembro.
En el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva atravesó diferentes fases:
#en la primera, se creó una base centralizada de información sobre los movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales y supuestos enemigos de los gobiernos autoritarios involucrados en el plan.
#en la segunda, se identificó y atacó a los considerados “enemigos” políticos a nivel regional.
#en la tercera y última, se realizaron operativos fuera de la región para encontrar y eliminar personas que se hallaban en otros países de América y de Europa.
La documentación desclasificada disponible muestra que varias agencias del gobierno de Estados Unidos tuvieron un temprano conocimiento de los alcances de la coordinación represiva y no hicieron demasiados esfuerzos para detenerla hasta que pasó a la tercera fase, que resultó la más problemática porque ya no se podían mantener bajo sigilo las operaciones.
De hecho, la descripción detallada de las diferentes fases del Plan y de sus alcances surge de modo nítido del análisis de la documentación desclasificada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la que se consigna que “Operación Cóndor es el nombre clave para la recolección, intercambio y almacenamiento de datos de inteligencia respecto de los llamados ‘izquierdistas’, comunistas y marxistas, que fue establecida recientemente entre los servicios de inteligencia que cooperan en América del Sur a fin de eliminar actividades terroristas marxistas en el área. Además, ‘Operación Cóndor’ apoya operaciones conjuntas contra blancos en los países miembros de ‘Operación Cóndor’. Chile es el centro de ‘Operación Cóndor’ y además de Chile sus miembros incluyen Argentina, Bolivia, Paraguay, y Uruguay. Brasil también ha acordado tentativamente a proveer información de inteligencia a ‘Operación Cóndor’. Los miembros de ‘Operación Cóndor’ que muestran más entusiasmo hasta la fecha han sido Argentina, Uruguay y Chile. Los últimos tres países se han embarcado en operaciones conjuntas, principalmente en Argentina, contra blancos terroristas”.
El mismo documento explicita que esa tercera fase, extremadamente secreta, de la Operación Cóndor “implica la formación de equipos especiales por los países miembros para llevar a cabo sanciones hasta asesinatos contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas de los países miembros de ‘Operación Cóndor’. Por ejemplo, si un terrorista o simpatizante de un país miembro de ‘Operación Cóndor’ es ubicado en un país europeo, un equipo especial de ‘Operación Cóndor’ sería enviado a ubicar y dar seguimiento al blanco. Una vez terminada la operación de ubicación y seguimiento, un segundo equipo de ‘Operación Cóndor’ sería enviado para llevar a cabo la sanción de hecho contra el blanco. A los equipos especiales se les emitirían documentos falsos de parte de los países miembros de ‘Operación Cóndor’ y podrían estar compuestos exclusivamente por individuos de una de las naciones miembros de ‘Operación Cóndor’ o podrían estar compuestos por un grupo mixto de varias naciones miembros de ‘Operación Cóndor’. Los países europeos mencionados específicamente para operaciones posibles bajo la fase tercera de ‘Operación Cóndor’ son Francia y Portugal”.
Las reticencias respecto de esta fase final, no deben hacer perder de vista el rol fundamental de Estados Unidos en la consolidación de las fases previas del Plan. El Cóndor llegó a tener un banco de datos computarizado con información de miles de individuos considerados como políticamente sospechosos y contaba con archivos de fotos, microfichas, informes de vigilancia, perfiles psicológicos, informes sobre pertenencias a organizaciones, historias personales y políticas, listado de familiares y amistades. Las computadoras para almacenar esa información fueron suministradas por la CIA ya que ningún otro país del continente disponía para ese entonces de la tecnología suficiente para hacerlo. Por otro lado, los países contaron para comunicarse entre sí con un sistema de comunicaciones protegidas que se conoció como Condortel, que tenía su estación matriz en una instalación norteamericana del Canal de Panamá
CÓNDOR I, II Y III
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Orletti II
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Por la vinculación entre los hechos ocurridos en Orletti –el más importante campo de concentración para las víctimas del Cóndor en la Argentina– y el Plan Cóndor, el Tribunal dispuso que el juicio abordaría los cuatro expedientes, Condor I, II y III y Orletti II. En unos pocos casos las personas víctimas de Orletti y Cóndor son las mismas.
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Algunas historias que se contaron en el juicio
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por Luciana Radó
pasante del CELS, escribió las historias de las personas que fueron víctimas del Cóndor y a cuyas familias representamos en el juicio.
El CELS integra la querella unificada junto con el Equipo Jurídico Kaos, la Fundación Liga Argentina por los DDHH y la abogada Alcira Ríos. Representa, además, a los familiares de Horacio Campiglia, Mónica Pinus de Binstock y Norberto Habegger, desaparecidos en Brasil, y Marcelo Gelman y María Claudia García Irureta Goyena, desaparecidos en Argentina y Uruguay, y a los del uruguayo Bernardo Arnone, desaparecido en la Argentina. También representábamos a los familiares de María Emilia Islas Gatti y de Juan Pablo Recagno Ibarburu, que murieron durante la tramitación de la causa.
Derecho a la verdad
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Este juicio permitió construir un conocimiento muy significativo del Plan Cóndor como sistema criminal, de ahí la importancia que tiene en su aporte a la verdad. Por otra parte tiene la oportunidad de recoger la demanda por el derecho a la verdad sobre los hechos denunciados por querellantes que han fallecido en el transcurso de este largo proceso. La reparación entonces es una deuda para su memoria y para el conjunto de la sociedad.
En relación con la construcción de conocimiento, es necesario destacar que fueron aportados a este juicio cientos de testimonios de personas de todas las nacionalidades de los países miembros del Plan Cóndor; doce informes de organizaciones de derechos humanos; seis informes de organizaciones internacionales; 423 legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la Secretaría de Derechos Humanos y el Registro de Desaparecidos y Fallecidos; 90 legajos y cientos de documentos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad; 8 documentos de Fuerzas Armadas del Cono Sur.
A ese material se sumaron las decenas de miles de documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos: al Proyecto de desclasificación de Chile se sumó el pedido de organizaciones de derechos humanos argentinas como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y el CELS, que tuvo como resultado que en 2002 se llevara adelante el Proyecto de desclasificación de Argentina, que reveló 4600 documentos. Además, se contó con los informes de archivos nacionales y extranjeros como los de la ex DIPBA y el Archivo del Terror del Paraguay, entre otros. Y las evidencias de 326 causas judiciales de la Argentina y de otras 46 causas tramitadas en el exterior.
Respecto del reconocimiento del derecho a la verdad, aunque en un comienzo se lo consideró limitado a las víctimas y a sus familiares, con el tiempo se ha comprendido que se trata de un derecho que pertenece a su vez a la sociedad en su conjunto. Así lo ha entendido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al precisar que aún en los casos en que se dictan amnistías, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para establecer los hechos e identificar a los responsables, y que toda sociedad tiene el derecho inalienable de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que los delitos llegaron a cometerse, reafirmando su carácter de derecho colectivo.
Durante la tramitación de esta larga causa, fallecieron y han quedado apartados del proceso varios imputados. Sin embargo entendemos que subsiste la obligación del Estado, que nace de los crímenes contra la humanidad, de investigar y dar a conocer los hechos que se puedan establecer fehacientemente, aun cuando no se pueda condenar a uno de sus responsables. La querella unificada en el CELS solicitó que en base al derecho a la verdad se tengan por probados la totalidad de los hechos que damnificaron a Fausto Augusto Carrillo Rodríguez, Agustín Goiburú Giménez, Norberto Armando Habegger, Horacio Campliglia, Mónica Susana Pinus de Binstock, Luis Enrique Elgueta Díaz, Adalberto Soba Fernández, María Emilia Islas Gatti, Cecilia Susana Trías Hernández, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, Rafael Laudelino Lezama González, Carlos Alfredo Rodríguez Mercader y Armando Bernardo Arnone Hernández.
Los imputados y las víctimas
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A lo largo de las audiencias pudimos probar que los imputados, todos ex militares, integraron una asociación ilícita dedicada a la desaparición forzada de 105 personas, entre otros delitos, y que fueron responsables de las privaciones ilegales de la libertad por las que fueron acusados. Ellos son Humberto José Ramón Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti, Bernardo José Menéndez, Antonio Vañek, Eduardo Samuel Delío, Federico Antonio Minicucci, Néstor Horacio Falcón, Eugenio Guañabens Perelló, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Carlos Horacio Tragant, Juan Avelino Rodríguez, Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Bignone, Luis Sadi Pepa, Rodolfo Emilio Feroglio, Enrique Braulio Olea y Manuel Juan Cordero Piacentini.
Finalmente, probamos la responsabilidad penal de Miguel Angel Furci por las privaciones ilegales de la libertad de 67 personas y los tormentos padecidos durante sus cautiverios en el Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti.
El veredicto
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En el veredicto del Tribunal Oral Federal N°1 se determinó que los imputados fueron parte de ese sistema criminal y que fueron responsables de algunas operaciones específicas en el marco del Plan. Por esas razones condenó hoy a la pena de 25 años a Santiago Omar Riveros y al ex militar uruguayo extraditado a la Argentina para este juicio, Manuel Juan Cordero Piacentini. A 20 años a Reynaldo Benito Bignone y a Rodolfo Emilio Feroglio. A la pena de 18 años a Humberto José Ramón Lobaiza. A Antonio Vañek, Eugenio Guañabens Perelló, Enrique Braulio Olea los condenó a la pena de 13 años de prisión. A 12 años a Luis Sadi Pepa, Néstor Horacio Falcón, Eduardo Samuel Delío, Felipe Jorge Alespeiti y Carlos Humberto Caggiano Tedesco. Federico Antonio Minicucci fue condenado a 8 años.
También condenó a Miguel Ángel Furci, ex agente de Inteligencia, a la pena de 25 años de prisión por ser co-autor penalmente responsable por las privaciones ilegales de la libertad, agravadas por violencia y amenazas contra 67 personas, padecidas durante sus cautiverios en el Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti.
Juan Avelino Rodríguez y Carlos Horacio Tragant fueron absueltos.
La lectura del veredicto fue el 27 de mayo de 2016.
1. COORDINACIÓN REPRESIVA
2. CÓNDOR I, II Y III
3. ORLETTI II
4. ALGUNAS HISTORIAS QUE SE CONTARON EN EL JUICIO
5. DERECHO A LA VERDAD
6. LOS IMPUTADOS Y LAS VÍCTIMAS
7. EL VEREDICTO
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