Plan Cóndor: justicia argentina se pronuncia hoy

Henry Kissinger con Jorge Videla.
Henry Kissinger con Jorge Videla.

Este 27 de mayo del 2016, la justicia de Argentina dictaminó su decisión con relación a una causa promovida por las víctimas y familiares de víctimas del denominado “Plan Cóndor“. Es la primera vez en la historia que los responsables nacionales de la “Operación Cóndor” reciben una sentencia en América Latina. La sentencia fue leída a partir de las 15:30, hora en Argentina y pudo seguirse la transmisión en vivo en este enlace. Varias sedes diplomáticas de Argentina ofrecieron la transmisión en vivo desde una pantalla gigante (fue por ejemplo, el caso de la legación diplomática de Argentina en Asunción así como de todas las embajadas de Argentina en los demás Estados miembros del MERCOSUR).

En esta nota publicada pocos minutos después de leída la sentencia por el períodico Clarín, se indica que:” A continuación, el listado completo de condenados y las penas impuestas: 1-Santiago Omar Riveros: 25 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 2-Miguel Angel Furci: 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. 3-Reynaldo Benito Bignone: 20 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 4-Eduardo Samuel De Lío: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 5-Humberto José Román Lobaiza: 18 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 6-Enrique Braulio Olea: 13 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 7-Luis Sadi Pepa: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 8-Rodolfo Emilio Feroglio: 20 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 9-Carlos Caggiano Tedesco: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 10-Antonio Vañek: 13 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 11-Eugenio Guañabens Perelló: 13 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 12-Felipe Jorge Alespeiti: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 13-Manuel Cordero Piacentini: 25 años de prisión. 14-Néstor Horacio Falcón: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 15-Federico Antonio Minicucci: ocho años de prisión. Juan Avelino Rodríguez y Carlos Tragant fueron absueltos“.

Como bien se sabe , el “Plan Cóndor” inició con un acuerdo suscrito en 1975 entre los cuerpos de inteligencia de seis Estados (Argentina, Bolivia Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay). Con la ayuda de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, su objetivo consistió en coordinar los esfuerzos en la denominada “lucha contra la subversión” (ver nota de prensa).

EL PLAN CÓNDOR Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

En el caso Gelman contra Uruguay (Etapa de reparaciones, 2011) , la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió en los siguientes términos a la Operación Cóndor: “La mayoría de los gobiernos dictatoriales de la región del Cono Sur asumieron el poder o estaban en el poder durante la década de los años setenta24, lo que permitió la represión contra personas denominadas como “elementos subversivos” a nivel interestatal. El soporte ideológico de todos estos regímenes era la “doctrina de seguridad nacional”, por medio de la cual visualizaban a los movimientos de izquierda y otros grupos como “enemigos comunes” sin importar su nacionalidad. Miles de ciudadanos del Cono Sur buscaron escapar a la represión de sus países de origen refugiándose en países fronterizos. Frente a ello, las dictaduras crearon una estrategia común de “defensa”.

En este marco, tuvo lugar la llamada “Operación Cóndor”, nombre clave que se dio a la alianza que unía a las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur en su lucha y represión contra personas designadas como “elementos subversivos”. Las actividades desplegadas como parte de dicha Operación estaban básicamente coordinadas por los militares de los países involucrados. Dicha Operación sistematizó e hizo más efectiva la coordinación clandestina entre “fuerzas de seguridad y militares y servicios de inteligencia” de la región […] Para que la Operación Cóndor funcionara era necesario que el sistema de códigos y comunicaciones fuera eficaz, por lo que las listas de “subversivos buscados” eran manejadas con fluidez por los distintos Estados” (párrafo 44 de la sentencia – ver texto completo).

En otro caso dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Paraguay (caso Goiburú y otros contra Paraguay, Sentencia sobre fondo y reparaciones) se lee que:

En el caso paraguayo, el Departamento de Inteligencia Militar estuvo a cargo de la coordinación operativa de lo relativo a la Operación Cóndor, cuyo responsable era el entonces coronel Benito Guanes Serrano. Los servicios policiales de inteligencia secundaban las directivas recibidas de dicho departamento, quedando la función operativa a cargo del Jefe de Investigaciones de la Policía, Pastor Milciades Coronel. El Departamento de Investigaciones era el “centro nervioso de la inteligencia política”. La recolección de datos era realizada por funcionarios policiales infiltrados en organizaciones políticas, sociales, sindicales, centros estudiantiles y todo tipo de organismos públicos o privados. 61.10 Sobre los pasos por seguir al detener a un presunto “elemento subversivo”, el Jefe del Departamento de Investigaciones, Pastor Milciades Coronel, manifestó que había tres caminos: 1) Aplicación de la Ley, 2) Desaparición Física y 3) La Alternativa Aplicada. ” (párrafos 61.9 y 61.10 de la sentencia- ver texto completo)

LA DEMANDA ANTE LA JUSTICIA ARGENTINA

La demanda de los familiares de las víctimas fue interpuesta inicialmente en Buenos Aires en 1999 y no fue sino en el 2013 que fueron convocadas las primeras audiencias ante jueces argentinos. En este documento oficial de reunión celebrada entre altos funcionarios de Estados Unidos y de Argentina el 10 de junio de 1976 , se puede leer que para el representante de Estados Unidos: “If there are things that have to be done, you should do them quickly. But you should get back quickly to normal procedures“. Uno de los acusados, el exmilitar argentino Santiago Omar Riveros, cuenta con 92 años de edad. En la precitada nota de Clarín, se indica que “Los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante y Pablo Gustavo Laufer y el juez sustituto Ricardo Angel Basílico comenzaron en 2003 este juicio oral donde había 32 acusados, de los cuales solo 17 llegaron vivos al momento de la lectura del veredicto“.

La ONG argentina CELS, fundada por Emilio Mignone (1922-1998), es la entidad que inició la recopilación de testimonios durante más de 15 años en distintos lugares, y la que presentó, con otras entidades, varias demandas ante los juzgados argentinos. Actualmente, dos son las demandas en trámite ante la justicia en su fase final: una relacionada con el “Plan Condor” y otra denominada “Automotores Orletti” (ver detalles de cada una en las conclusiones de reciente seminario auspiciado en el 2015 en Oxford por la Open Society y la British Academy, entre otras entidades). En el caso de la primera causa, cuya sentencia fue parcialmente leída hoy en Buenos Aires (parte resolutiva únicamente), de las 106 víctimas, 45 son uruguayas, 22 son chilenas, 15 paraguayas, 13 bolivianas, 10 argentinas y una es de nacionalidad ecuatoriana. La Secretaría de Derechos Humanos, órgano del Estado argentino, también figura entre las entidades que apoyan las reinvindicaciones de las víctimas.

LA SOLEDAD DE LA JUSTICIA ARGENTINA EN LA REGIÓN

Desde la perspectiva de los diversos logros obtenidos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, esta decisión leída hoy representa un sustantivo avance en la lucha contra la impunidad por crímenes del pasado en América Latina. Una lucha en la que pareciera que la justicia argentina cuenta con herramientas legales mucho más efectivas y con jueces mucho más determinados que las de otros Estados afectados por esta misma operación regional. La resistencia de las estructuras judiciales no se limita a las de los Estados del Cono Sur: en febrero pasado tuvimos la oportunidad de analizar el caso de Timoteo Mendieta Alcalá, fusilado en 1939 en España. La exhumación realizada en enero del 2016 de su cuerpo ubicado en una fosa común en España se debió a una solicitud realizada por una jueza desde Argentina (ver nuestra breve nota titulada: “JusticiA con A de Ascensión: a propósito de la exhumación de una fosa española a solicitud de una jueza de Argentina“).

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